El secretario general Andrés Vaira Navarro habló de cómo es en el país el trato a los discapacitados y el no cumplimiento de la Ley.
Luego de que España esté a un paso de la aprobación la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad para su inmediata entrada en vigor, en Argentina se abrió el debate de lo que pueda llegar a suceder acá.
Es que en el país la situación es completamente diferente. El secretario General de Asdra Andrés Vaira Navarro, explicó que “el colectivo de las personas con discapacidad intelectual es el más vulnerable de la discapacidad en general, porque como es variable, implica que esas personas tengan más barreras en la sociedad para incluirse”. “Hay un prejuicio a la discapacidad en general en todo el mundo, pero la intelectual suele ser mayor”, remarcó en diálogo con Ventana Abierta por FM Milenium.
Al mismo tiempo, respecto a la situación actual del país, sostuvo que “estamos atravesando una situación de público conocimiento que son los recortes severos a las personas con discapacidad” y si bien reconoció que es “generalizado” el ajuste también resaltó que “con personas con discapacidad se agrava y nos preocupa porque si no tienen los apoyos profesionales que necesitan se les dificulta mucho más la inclusión”.
Es por eso, que Vaira Navarro llamó a la reflexión a “las autoridades nacionales, en particular a la Agencia Nacional de Discapacidad, para que no haya recortes en nuestra área”. Además de las pensiones, el secretario de Asdra también hizo referencia a los honorarios de los profesionales de apoyo de las personas con discapacidad a quienes “desde fines de 2016 no se ajustan”.
Respecto a la ley que instituye el Régimen de Promoción Integral de Personas con Discapacidad (2055) y establecer la obligatoriedad en la contratación de personas con discapacidad en el Estado y en empresas de servicios públicos, Vaira Navarro manifestó que no se cumple y que en realidad “es una deuda histórica” ya que “nunca se ha cumplido la Ley”, independientemente del actual Gobierno.
El proyecto propone que el Estado establezca en el Presupuesto anual reservas de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en una proporción no inferior al 4% de las incorporaciones anuales de personal y, de ese cupo, la incorporación efectiva del 30%.
“Pedimos que se cumpla lo que dice la Ley y que se le de oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad porque está demostrado que con los apoyos adecuados pueden desarrollarse muy bien”, insistió y explicó que “las personas con discapacidad, aún intelectual, pueden trabajar tan bien como cualquier otra, y muchas veces mejor”.
